La Directiva UE 2023/970, aprobada el 10 de mayo de 2023, supone un cambio de paradigma en las relaciones laborales: las empresas deberán adaptar sus estructuras organizativas, sus sistemas de información y sus políticas de Recursos Humanos para dar cumplimiento a unos requisitos que van mucho más allá de las obligaciones actuales en materia de igualdad.

En España, esta norma deberá estar en vigor antes del 7 de junio de 2026 y refuerza lo dispuesto por el Real Decreto 902/2020, que ya imponía el registro retributivo. Entre las novedades más relevantes que introduce para los equipos de RRHH se encuentran las siguientes:

Transparencia desde el proceso de selección. Todas las ofertas de empleo deberán incluir la retribución inicial o banda salarial del puesto. Además, queda prohibido preguntar a las personas candidatas por su historial salarial anterior, con el objetivo de evitar que arrastren posibles situaciones de discriminación de empleos pasados.

Nuevos derechos de información para la plantilla. Cualquier persona trabajadora podrá solicitar datos sobre los niveles salariales medios, desagregados por género, para puestos de igual valor. Las cláusulas de confidencialidad salarial en los contratos quedarán eliminadas definitivamente.

Obligaciones de reporte escalonadas por tamaño de empresa. Las organizaciones de más de 250 personas trabajadoras deberán elaborar informes anuales sobre la brecha salarial, mientras que las de entre 100 y 249 lo harán cada tres años. Cuando la diferencia retributiva entre hombres y mujeres supere el 5% sin justificación objetiva, será obligatorio realizar una evaluación retributiva conjunta con la representación de la plantilla.

Inversión de la carga de la prueba. Uno de los cambios más significativos: ya no corresponde a la persona trabajadora demostrar la existencia de discriminación salarial, sino que es la empresa quien debe acreditar que las diferencias retributivas responden a criterios objetivos y neutros respecto al género.

Régimen sancionador reforzado. Las multas por incumplimiento pueden oscilar entre 626 y 225.018 euros, a las que se suman posibles indemnizaciones a las personas afectadas y la pérdida de acceso a ayudas públicas y licitaciones.

La clave para afrontar esta transformación con garantías es actuar antes de que la normativa entre en vigor. En Grupo Castilla acompañamos a los equipos de RRHH en todo el proceso: desde la auditoría del sistema retributivo actual y la actualización del registro salarial, hasta la adaptación de los procesos de selección y la implementación de las herramientas tecnológicas necesarias para gestionar la transparencia retributiva de forma eficiente y sostenible. Porque adelantarse a la norma no es solo evitar sanciones: es una oportunidad estratégica para construir organizaciones más justas y atractivas para el talento.

El registro retributivo es una de las obligaciones más concretas que se derivan de la normativa de igualdad retributiva, y su correcta elaboración requiere tanto rigor metodológico como una visión integral de la organización. En Grupo Castilla, gracias al equipo especializado en Igualdad de Concilia2, nueva filial de Grupo Castilla, podemos acompañarte en todos los pasos del proceso.

El punto de partida es siempre el diagnóstico: entender la realidad de la compañía, sus políticas de RRHH y los resultados en términos de igualdad de oportunidades. Para ello, la percepción de las personas empleadas es un elemento capital, y la comunicación interna se convierte en una prioridad durante todo el proceso.

A partir de ahí, el proceso incluye la valoración de puestos de trabajo, la extracción y análisis de los datos retributivos desagregados por sexo, la identificación de puntos críticos y la propuesta de mejoras correctivas. 

No tener el registro retributivo o incumplir con las obligaciones de igualdad retributiva puede acarrear consecuencias serias para cualquier organización. La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) tipifica estas conductas como infracciones graves o muy graves, con multas que pueden superar los 187.000 euros en los casos más severos.

Más allá de la sanción económica, el incumplimiento expone a la empresa a reclamaciones individuales por discriminación salarial, daño reputacional frente a personas candidatas y empleadas, y bloqueos en el acceso a contratos públicos o ayudas institucionales.

En Grupo Castilla sabemos que la prevención es siempre la mejor estrategia. Por eso ofrecemos un servicio integral que combina auditoría retributiva, asesoramiento jurídico-laboral y tecnología para que tu empresa cumpla la normativa.